Una Europa en transición chocará de frente con la UE neoliberal

El presente siglo se está convirtiendo cada día con más seguridad y claridad en el capítulo inicial de lo que muchos no han dudado en calificar como una crisis de civilización. La crisis de una civilización capitalista de producción y acumulación de riqueza que se ve atrapada en una dinámica perversa de autodestrucción a través de la degradación de los ecosistemas naturales, la emisión a gran escala de gases de efecto invernadero, la mercantilización de la vida y la gestión privada de los recursos naturales esenciales para la vida.

Publicado en el número 151 de la revista Viento Sur: http://vientosur.info/spip.php?rubrique217

La autocomplacencia de la UE ante la insuficiente respuesta mundial

Frente a esta urgencia y demanda, el capitalismo está tratando de dar una respuesta que de alguna manera mantenga su supremacía intacta. Entre otros, en 1994 se pone en marcha la primera Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por sus siglas en inglés). No es hasta 2015 en París cuando las sucesivas Conferencias de las Partes (COP por sus siglas en inglés) alcanzan su primer acuerdo vinculante a escala mundial: “el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC sobre los niveles preindustriales” y “limitar el aumento a 1,5 °C, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático”. La Unión Europea participó en ella a través de su comisario de Energía y Acción Climática, el español conservador Miguel Arias Cañete. Tras su firma, la Unión Europea no dudó en autocalificarse como quien había “liderado los esfuerzos por lograr en París un acuerdo mundial sobre el clima ambicioso y jurídicamente vinculante” (COM, 2016).

El éxito de la COP-21 de París fue exiguo. Más allá de conseguir poner en el centro del debate internacional la cuestión climática, el acuerdo es insuficiente por dos motivos: en primer lugar el acuerdo solo incluye un objetivo vinculante (el de mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2ºC); sin embargo, las medidas que los distintos actores internacionales deben tomar para cumplir tal objetivo no son vinculantes, ni siquiera son establecidas a nivel internacional, sino que cada país presenta sus “aportaciones voluntarias”. De hecho, los compromisos voluntarios presentados hasta la fecha no son suficientes para cumplir el objetivo de los 2ºC y nos situarán en un escenario de +3ºC. En segundo lugar, el acuerdo no cuestiona en ningún momento el modelo de sociedad, económico y de producción que ha originado el problema climático, no hace una crítica de ningún tipo al sistema capitalista y basa toda esperanza en el avance de la tecnología en un futuro próximo. No resulta sorprendente, por tanto, que la Unión Europea se considere el líder de este acuerdo dado que reproduce los mismos fallos, contradicciones y engaños que su política climática. La misma contradicción que representa que tu comisario de acción climática haya sido anteriormente presidente de dos petroleras (COE, 2014).

Compensar y financiarizar: las dos armas de la UE

Habitualmente, los objetivos que se marca la Unión Europea en cuestiones energéticas y climáticas o no contienen objetivos vinculantes para los Estados miembros, por lo que su incumplimiento se hace habitual, o contienen los suficientes mecanismos de compensación para que estos se queden prácticamente en papel mojado. Actualmente se está revisando la regulación de las emisiones de los sectores que no quedan cubiertos por el polémico Mercado de Derechos de Emisión (ETS por sus siglas en inglés) que son el transporte, los edificios, la agricultura y la gestión de residuos, en total el 60% de las emisiones totales de la UE (COM, 2016). La propuesta inicial de la Comisión Europea es francamente decepcionante. Si bien el objetivo que marcan de reducir las emisiones en estos sectores un 30% para 2030 conseguiría un ahorro de carbono de 1.025 toneladas de CO2, gracias a las lagunas y mecanismos de evasión que la Comisión Europea contempla incluir, dicha reducción se quedaría en 77 toneladas de CO2.

Pero sin duda alguna el reflejo más fiel del capitalismo verde que profesa la Unión Europea es su Mercado de Derechos de Emisión al que anteriormente hacíamos referencia. Más allá de que el actual precio de los bonos de carbono lo haya hecho prácticamente inútil para conseguir alguna reducción de emisiones, el ETS se basa en la financiarización del aire y en la confianza ciega de que crear un nuevo mercado es la solución para un problema que, como decíamos anteriormente, ha sido creado por la propia economía capitalista de mercado. Además el ETS incluye, al igual que otros mecanismos mundiales, la posibilidad de compensar emisiones de carbono con la plantación de árboles, lo que mercantiliza y privatiza la naturaleza.

Legislaciones transversales al clima que acaban atravesándolo de muerte

Por si fuera poco, no se puede decir que las medidas que toma la UE en otros campos vayan en consecuencia con el cumplimiento de estos objetivos. La promoción de acuerdos de comercio neoliberales es un buen ejemplo, como el CETA con Canadá, que incluso antes de ser firmado ya estaba relajando la legislación europea en materia de calidad de los combustibles fósiles. Como explican desde Canadians “Europa va a recibir más arenas bituminosas de Canadá, especialmente después de que el gobierno canadiense presionase para hacer descarrilar la directiva europea de calidad de los combustibles durante las negociaciones del CETA. Esta directiva era una modesta medida para reducir las emisiones del transporte en un 6% para 2020”. En un futuro, y pensando en la reforma de estas medidas, sería difícil dar marcha atrás pues los tratados de libre comercio como el CETA que la UE está impulsado incluyen tribunales de arbitraje o “Sistema de Tribunales de Inversiones” (ICS por sus siglas en inglés) que podrían ser usadas por las empresas contra las reformas que quieran proteger el clima.

Una transición energética de suficiente escala requiere, en primer término, de una gran inversión de dinero público para llevar a cabo las transformaciones productivas que necesitamos. Sin embargo, tras la crisis financiera de 2008 los niveles de inversión en la Unión Europea bajaron enormemente. Para paliar esta situación, la Comisión Europea lanzó el conocido como Plan Juncker (Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas, EFSI por sus siglas en inglés), un instrumento financiero que usa de dinero público que sirve para dar seguridad a las inversiones privadas y por tanto movilizarlas, garantizando la privatización del beneficio y socialización de las pérdidas si la inversión sale mal. Según el informe “The best laid plans” (Roggenbuck, 2016) hecho por varias ONGs ecologistas los proyectos financiados durante la primera partida de este fondo no cumplen con los requisitos de sostenibilidad ni de distribución geográfica deseables. En primer lugar porque, pese al apoyo de proyectos sobre eficiencia energética y energías renovables, el Plan Jucker dedicó fondos muy sustanciosos a los combustibles fósiles, sobre todo a infraestructuras gasísticas. Por otro lado, en el sector del transporte, el 68% de los fondos han ido a proyectos de alta emisión de carbono, como autopistas o aeropuertos. En segundo lugar, entre tres países: Francia, Reino Unido e Italia han concentrado el 52% de los proyectos financiados, no sirviendo para el desarrollo de nuevas fuentes de energía en las economías menos desarrolladas dentro de la UE.

Desobedecer para avanzar, tanto en lo económico como en lo energético

No se puede decir, por tanto, que la Unión Europea tal y como la conocemos ahora sea un marco donde los países y la sociedad pueda emprender una transición energética y productiva ante la crisis climática y energética en la que estamos inmersos.

La crisis de deuda ha sido desde 2010 la imagen más visible del proyecto neoliberal de la UE que asola Europa. A través de ella se han aplicado duras agendas de privatizaciones, destrucción de empleo, austeridad presupuestaria y reformas antisociales, lo que ha bloqueado también la capacidad de los Estados para recuperar el control de los mercados energéticos y de invertir en la transición energética. Desde distintos espacios se ha defendido que las inversiones en transición energética y adaptación para el cumplimiento de los objetivos climáticos no computen en este “techo de gasto” impuesto desde las instituciones europeas, pues al fin y al cabo son inversiones necesarias y que permitirían también la transformación y desarrollo económico.

El programa de liberalización del sector energético que presenta el “Tercer Paquete Energético de la Comisión Europea” avanza hacia la desregulación del sector y hacia la consolidación del Mercado Único, por supuesto a través de la inversión de dinero público en la construcción de infraestructuras de combustibles fósiles como el gas, que estos mercados al estilo estadounidense necesitan para mover ágilmente el gas almacenado de un país a otro y especular así con su precio.

Como recoge el reciente “Manifiesto para desobedecer tratados injustos” (VIENTO SUR, 2017) el balance del periodo 2010-2016 en la zona euro es bien claro: es imposible salir de la austeridad sin aportar respuestas a la ofensiva neoliberal emprendida. Por supuesto, se necesita agregar que la alternativa debe también abordar otros problemas, como la crisis climática y ecológica. (…) Es fundamental, basándose en la experiencia del año 2015, ampliar el campo de las fuerzas que no mantienen ilusiones con respecto a la UE y la zona euro, y que ponen por delante una auténtica perspectiva ecosocialista, de ruptura con la UE tal como ahora está constituida.

Desde el año 2016 distintas fuerzas de la izquierda europea debaten sobre qué “Plan B” para Europa debemos construir como alternativa a esta Unión Europea. Es necesario que a estos encuentros y debates se les añada la cuestión climática y energética desde una perspectiva ecosocialista que ponga la responsabilidad del cambio climático en el modelo de producción y acumulación capitalista, que recupere el control social de los recursos energéticos, que trate la energía como un bien común, escaso y necesario para la vida y que garantice una inversión pública suficiente para producir las reformas necesarias. Para ello, resulta imprescindible asumir la tarea de desobedecer los marcos y corsés que las propias instituciones europeas plantean: las estrategias de inversión en combustibles fósiles que desde el Plan Juncker o desde el Banco Europeo de Inversiones se están haciendo, los límites presupuestarios para invertir en transición energética y la agenda de privatizaciones del tercer paquete energético principalmente.

La desobediencia a las normas de la Unión Europea no debe llevarnos a un repliegue nacional “destituyente”, sino que debe ser parte de un movimiento constituyente de otra Europa posible bajo un mismo paraguas junto con el amplio espectro de movimientos sociales y políticos europeos que trabajan en la línea ecosocialista y de transformación social. En este sentido, como indica Catherine Samary (2016) “el brexit ha supuesto una bofetada a las (…) pretensiones de la UE, pero una bofetada no internacionalista y sin ningún gesto solidario ni progresista. (…) El brexit no pondrá fin a la destrucción de los derechos sociales” ni tampoco supondrá un fin a las políticas climáticamente destructivas de la Unión Europea.

Debemos, por tanto, trabajar por la internacionalización de las luchas y por su conexión bajo el paraguas común de la construcción de una Europa alternativa también en términos de sostenibilidad, no como movimiento captador y uniformador de la construcción social autónoma, sino como punto común por las que todas construimos desde nuestras luchas y objetivos a todos los niveles, desde el europeo hasta el local.

En este sentido, en el seno de la propia Unión Europea se llevan años creando potentes espacios de lucha a favor de un cambio de modelo energético y de la justicia climática. En Notre-Dame-des-Landes, Francia, la lucha contra el proyecto de construir un aeropuerto se ha convertido en un símbolo que resiste ya varias décadas, y lo hace con un fondo político antidesarrollista y ecosocialista que aúna a ecologistas, agricultores y vecinos de la región. Otro ejemplo son las acciones de Ende Gelände en Alemania para bloquear minas de carbón con un mensaje claro: “keep it in the ground” (mantenlo bajo tierra). Esta lucha está muy relacionada también con la campaña europea de multitud de colectivos ecologistas que llaman a la desinversión en combustibles fósiles. Existen también infinidad de movimientos de construcción colectiva que operan de forma atomizada pero que contribuyen desde lo local en la construcción de las alternativas ecosocialistas, como pueden ser las englobadas en la red de “Ciudades en transición” (Amo, 2017), como Móstoles. Luchas que es necesario visibilizar como constantes aportes a la construcción de una Europa distinta.

Es necesario mencionar que muchas propuestas ya están siendo puestas en marcha también desde las instituciones gobernadas por gobiernos populares. En Barcelona se ha impulsado la creación de una comercializadora pública de electricidad 100% renovable, así como iniciativas de desobediencia al marco establecido como el reciente concurso para el contrato municipal de suministro eléctrico que introduce cláusulas que obligan a aceptar la ley catalana 24/2015 que establece una serie de obligaciones a las eléctricas para que se corresponsabilicen en la lucha contra la pobreza energética. En el ayuntamiento de Cádiz, entre otras muchas medidas, se ha conseguido que toda la energía contratada por el ayuntamiento sea renovable y se ha puesto en marcha la “mesa de transición” desde la que se organizan talleres y asambleas vecinales sobre la factura energética. Por último, en Alemania se están remunicipalizando las redes de distribución eléctrica.

Iniciativas que tratan día a día de romper los marcos locales y globales que limitan la transición energética y el cambio de modelo no nos faltan, lo que necesitamos es que sigan creciendo y generando una alternativa cada vez mayor y más hegemónica en términos culturales y prácticos. Para ello debemos seguir fortaleciendo las redes y acercándolas a la gente, considerarlas un proyecto político viable y con el enorme potencial que alberga y practicarlo en todas las áreas. Lo más fértil de la lucha por la justicia climática es que necesariamente se hace a nivel mundial, y por tanto va en contra de los repliegues identitarios en los que Europa se encuentra inmersa. Europa, a transitar.

Bibliografía

Amo, G; Álvarez, J. (2017) “¿Un proyecto para las ecosocialistas? “Ciudades en transición”VIENTO SUR, 07/01/2017.

CEO. (2014) “The many business dealings of Commissioner-designate Miguel Arias Cañete.” Bruselas.

COM. (2015) “Histórico acuerdo sobre el clima en París: la UE encabeza los esfuerzos mundiales.” Bruselas.

https://corporateeurope.org/power-lobbies/2014/09/many-business-dealings-commissioner-designate-miguel-arias-canete

COM (2016) “Proposal for an Effort Sharing Regulation 2021-2030. Bruselas.

https://ec.europa.eu/clima/policies/effort/proposal_en

Roggenbuck, A. (2016) The best laid plans. Why the investiment Plan for Europe does not drive the sustainable energy transition. Bruselas: CEE Bankwatch Network and Friends of the Earth Europe.

Samary, C. (2016) “No hay salida de izquierdas (lexit) sin “Otra Europa es posible””. VIENTO SUR, 11/03/201.

VIENTO SUR (2017) “Manifiesto para desobedecer tratados europeos “injustos”.