¿Por qué oponerse a los Proyectos de Interés Común de la Comisión Europea?

La Comisión Europea presentó recientemente la tercera lista de Proyectos de Interés Común

 

Artículo original publicado en El Periódico de la Energía

Estos PCI (por sus siglas en inglés) son las infraestructuras de interconexión transfronteriza de electricidad y de gas que la Comisión considera, en teoría, estratégicas para cumplir con los objetivos de la Unión de la Energía: una energía asequible de precio cuyo suministro esté asegurado frente a posibles disrupciones externas y que además ayude a cumplir con los objetivos climáticos de la Unión Europea, en consonancia con el Acuerdo de París.

La Comisión se ha esforzado en todo momento en intentar vender que el número de proyectos de gas (y también su financiación) se han reducido considerablemente. Así, según las cifras oficiales la lista incluye 53 proyectos gasísticos de un total de 173. En España, tendríamos 5 PCI de gas: 3 para la interconexión con Francia, Midcat; y 2 para la tercera interconexión con Portugal. El quid de la cuestión está en que cada proyecto que cuenta la Comisión Europea es la unión de diversos tramos de gaseoductos, plantas de regasificación, etc. De esta manera, los 5 PCI de España son en realidad 13 proyectos; y los 53 a nivel europeo son en realidad 104. Treinta más que en la lista de 2015 según los estudios de Friends of the Earth Europe y Food & Water Europe en base a los datos de la Comisión Europea y ACER.

Aunque con frecuencia se pinta al gas como el nuevo amigo del clima y el perfecto compañero de las renovables, este argumento difícilmente se tiene en pie. El gas no deja de ser un combustible fósil cuya extracción y uso contribuye al cambio climático. Aunque en su combustión emite menos CO2 que el carbón, durante su extracción y transporte se libera metano, componente principal del gas fósil y que tiene un poder de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en la atmósfera durante los primeros 20 años de vida. El profesor Robert Howarth de la universidad de Cornell ha llegado a concluir que el shale gas o gas de esquisto contribuye más al cambio climático que el carbón. Debemos de abandonar las huidas hacia adelante cuando hablamos de cambio climático. Los mejores amigos de las renovables son la eficiencia energética, el autoconsumo y la descentralización.

“Aunque en su combustión emite menos CO2 que el carbón, durante su extracción y transporte se libera metano, que tiene un poder de calentamiento global 86 veces superior al del CO2 en la atmósfera durante los primeros 20 años de vida”

Existen también sombras sobre la metodología que utiliza la Comisión Europea para elaborar esta lista. Son las propias empresas de transporte eléctrico y de gas las que presentan a la Comisión Europea sus proyectos de infraestructuras y esta decide cuales obtienen la categoría de Interés Común. Esta categoría otorga facilidades administrativas y prioridad de acceso a financiación pública a través del mecanismo “Conectar Europa” (Connecting Europe Facility). Ciñéndonos al gas, más del 75% de los promotores de proyectos para la lista de PCI son miembros la coalición europea de transporte de gas ENTSO-G. La Comisión Europea se vale de los datos y previsiones proporcionadas por ENTSO-G para evaluar cuales son de “interés común” o no. Nuevamente, los lobbies juegan con la camiseta del árbitro.

La seguridad del suministro es también uno de los argumentos principales para justificar esta lista tan nutrida de proyectos gasísticos. Desde el corte del gas ruso en 2009 este argumento es omnipresente. La cuestión es, ¿es suficientemente real para justificar semejante inversión en proyectos que no deberían funcionar más allá de 2050 para cumplir con el Acuerdo de París? En el Estado español, desgraciadamente, ya conocemos los efectos en la factura energética de la burbuja gasística: ciclos combinados funcionando al 20% de su capacidad, una indemnización millonaria (suspendida de momento) a Florentino Pérez llamada Castor, un almacén de gas en Asturias de 370 millones sin autorización administrativa y la conversión en Doñana de un espacio natural protegido por la UNESCO en un almacén de gas.

Según un informe del think thank E3G, las inversiones en diversificación de las fuentes del gas realizadas desde 2009 hasta la fecha ya han dotado a la UE de una red lo suficientemente resiliente a distintos escenarios de cortes del suministro. Tan solo serían suficientes algunas pequeñas infraestructuras nuevas en el Sureste de Europa. En cambio, las inversiones podrían ser aprovechadas en eficiencia energética: por cada 1% que aumentamos el objetivo de eficiencia energética para 2030 (ahora en negociación), conseguimos reducir la importación de gas en un 2% según cálculos basados en cifras de la propia Comisión Europea.

“En el Estado español conocemos los efectos en la factura energética de la burbuja gasística: ciclos combinados funcionando al 20% de su capacidad, una indemnización millonaria por Castor, un almacén de gas en Asturias sin autorización administrativa y la conversión de Doñana en un almacén de gas”

Bruselas pretende así lanzar un órdago a favor del gas pero jugando con el dinero de los contribuyentes. Tras cuatro años de existencia del mecanismo Conectar Europa anteriormente mencionado, se han gastado más de 1.200 millones de euros en proyectos de gas. Todo ello, sin contar con la financiación que algunos de estos proyectos recibe de instituciones como el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Es el ejemplo del Southern Gas Corridor que recibió recientemente un préstamo de 1.500 millones de euros.

Además de la queja de organizaciones ecologistas europeas y locales de los lugares donde se proyectan algunas de estas infraestructuras; la Agencia europea para la Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER), que representa a todos los reguladores nacionales de energía, ya mostró dudas sobre esta lista y su procedimiento. Por ejemplo, no se incluía ningún informe sobre si las necesidades podrían resolverse de una manera distinta a construir nuevas infraestructuras, la necesidad de mayor cooperación con las ya existentes y la posibilidad de sobrecostes.

A pesar de la importancia del tema, el Parlamento Europeo, que representa directamente a la ciudadanía europea, no es consultado, ni tiene la posibilidad de enmendar la lista. Por ello, desde Podemos y con el apoyo de eurodiputadas y eurodiputados de otros grupos como Verdes, Liberales europeos o Socialdemócratas, impulsamos una objeción para rechazar la lista y que la Comisión Europea tenga que redactar una nueva. La objeción no salió adelante en la comisión de Energía e Industria del Parlamento Europeo. Sin embargo, ahora, el miércoles 14 de marzo la objeción será votada por los 751 eurodiputados en el pleno de Estrasburgo. Aunque la objeción fuera rechazada nuevamente, servirá para medir el apoyo de la cámara a esta estrategia del gas, y hemos conseguido ya mandar un mensaje claro a la Comisión Europea de que malgastar los recursos públicos en más combustibles fósiles es muy cuestionable y debemos emplear todos nuestros esfuerzos en transición energética.